El buscador de oposiciones que España se merece (y su API)
Pau March, 25 de agosto de 2026, 6 min de lectura
El 8 de junio, el BOE anunció una oposición de cuatro plazas de administrativo en un ayuntamiento gallego. Como manda la ley, el anuncio decía dónde estaban las bases: un boletín provincial de octubre de 2025 y uno autonómico de noviembre. Cinco días después llegaron dos correcciones de errores. Las bases estaban en otros números, de abril de 2026: casi seis meses de desfase, en los dos boletines a la vez.
Hubo que reabrir el plazo entero porque durante cinco días el anuncio oficial de una convocatoria pública apuntó a documentos que no eran los suyos. Alguien tecleó mal una referencia. Pasa, y va a seguir pasando, porque nadie mecanografía miles de documentos sin equivocarse. Lo llamativo no es el error. Es que se publicara sin que nada lo comprobara, existiendo mecanismos de sobra para comprobarlo.
Las bases, enteras, en el boletín de la provincia y en el de la comunidad.
El anuncio del BOE solo dice dónde están, con una referencia que nadie comprueba.
El plazo cuenta desde el anuncio, apunte esa referencia donde apunte.
Las bases estaban publicadas y el plazo era válido. Lo único que falló fue el dato que las une.
La norma es de 1991, y el método también
El Real Decreto 896/1991 lleva treinta y cinco años ordenando esto: las bases se publican íntegras en el boletín de la provincia y en el de la comunidad, y el anuncio va al BOE conteniendo «fecha y número del Boletín o diarios oficiales en que se han publicado las bases».
El reparto está bien pensado y sigue teniendo sentido: las bases son largas y locales, el aviso tiene que ser corto y nacional. Lo que no se ha revisado en todo ese tiempo es cómo viaja ese dato. Sigue siendo una fecha y un número que una persona lee en un sitio y escribe en otro, sin que nada compruebe después que lo escrito coincide con lo publicado.
Y las herramientas para corregir eso son de manual: un desplegable en vez de un campo libre, una comprobación automática antes de dar por bueno el documento, un aviso cuando la referencia no existe o no cuadra con el organismo que convoca. Nada de esto es investigación puntera; es lo que hace cualquier formulario decente desde hace veinte años.
Además, los identificadores ya existen. El anuncio tiene el suyo, cada corrección el suyo, y el BOE lleva años publicando en abierto con códigos estables. Lo único que no está identificado es justo el campo que importaba.
Una ventanilla para máquinas
Hace unos meses construí OPOSITAR.app, un buscador que indexa el empleo público de más de cincuenta fuentes oficiales: el BOE, los boletines autonómicos, los provinciales y las sedes de los organismos. Hoy recibe cientos de clics al día, y subiendo. Eso no es mérito mío: es un hueco. La gente acaba llamando a mi puerta porque la puerta oficial son cincuenta puertas.
Por dentro, el sistema separa dos cosas que el papel mezcla. Por un lado la publicación, que es el texto tal y como salió en un boletín. Por otro el proceso, que es la convocatoria a la que esa publicación pertenece. Un mismo proceso acumula varias publicaciones a lo largo de los años: las bases en el provincial, el anuncio en el BOE, la corrección de errores, la lista de admitidos, las notas. Porque una oposición no es un acto, es un procedimiento que dura años y avanza por fases, y cada fase se publica en un sitio distinto.
El problema es cómo se unen esas piezas. Como los documentos no traen ningún identificador que los relacione, cada publicación se engancha a su proceso por parecido: título, organismo, escala, ámbito, fechas. Funciona razonablemente bien, y no debería existir. Es un algoritmo entero dedicado a reconstruir por estadística lo que se habría resuelto con un campo obligatorio.
Lo que falta tiene nombre y es aburrido: una API. Una API es una ventanilla para máquinas. El boletín es una ventanilla para personas: entras, lees, te vas. Una API es la misma ventanilla pensada para que la use un programa: preguntas «dame las convocatorias de administrativo publicadas esta semana en Galicia» y responde con una lista, no con un PDF de cuarenta páginas. No hay magia dentro, hay un mostrador con su horario y sus normas. Como no lo hay, quienes necesitamos ese dato lo sacamos raspando webs una por una: la forma cara, frágil y ligeramente humillante de hacer lo mismo.
Todo es empleo público y debería salir del mismo sitio
El problema de fondo no es que falte tecnología. Es que el Estado no se ha tomado en serio indexar su propio empleo público. Desde la plaza de peón del ayuntamiento más pequeño hasta el nombramiento por libre designación para un puesto en Moncloa, todo es empleo público, todo se paga con los mismos impuestos y todo debería poder consultarse en el mismo sitio.
Somos un Estado autonómico con cincuenta provincias, más de ocho mil entidades locales y otros tantos organismos dependientes. Eso explica que haya muchos boletines; no explica que no haya un índice. Que la publicación esté repartida es constitucional. Que enterarse dependa de acertar en cuál de los cincuenta buscar es una decisión tomada por omisión.
Nada de esto hay que inventarlo
Aquí suele aparecer la objeción de la seguridad, y se cae sola. Convocatorias, plazas y plazos ya son públicos por obligación legal, así que abrir el índice no destapa nada que no esté destapado. Y las normas sobre cómo se protege un sistema público llevan años escritas y son de obligado cumplimiento. No hay que aprobar nada nuevo, hay que aplicar lo que ya existe.
Sobre quién debería moverlo tampoco hay misterio. El BOE ya publica en abierto y ya tiene los identificadores: que su anuncio lleve una referencia comprobable es trabajo de meses, no de legislatura. Las diputaciones tendrían que hacer lo mismo con los boletines provinciales, y Función Pública es quien puede exigírselo. No hace falta una ley: hace falta que alguien lo escriba en un pliego.
Lo que esto no arregla
Una API no obliga a nadie a redactar bien unas bases, no acorta un proceso que dura tres años y no vuelve justa una convocatoria que no lo sea. Tampoco evita que alguien se equivoque al teclear, como ya he dicho. Lo que cambia es que un dato con identificador se comprueba solo y uno en prosa no. No desaparecen los errores: cambia cuánto tardan en verse y cuánta gente paga el retraso.
Enterarse también forma parte del derecho
Sé cómo suena que reclame esto quien ha montado el buscador y va a distribuir la API. Prefiero decirlo yo antes que nadie. Pero lo que sostengo es justamente que yo no debería ser quien lo hace.
El acceso al empleo público no es un servicio de valor añadido. Es el artículo 23.2 de la Constitución: acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Y la igualdad, en la práctica, empieza por enterarse. Cuando enterarse depende de pagar una academia o de revisar a diario el boletín de tu provincia, esa igualdad ya se ha erosionado aunque todos los plazos se hayan respetado. Se cumplió la norma y se falló al objetivo: la definición exacta de cumplimiento formal.
La parte cara ya está hecha: la ingeniería resuelta, el marco escrito desde hace años, la demanda medida y la especificación pública para quien quiera cogerla. No falta capacidad ni presupuesto. Falta que alguien asuma que esto es su obligación, porque lo es.