público.md
← Posts

Seis cifras, tres fechas y una app que no existe

Pau March, 26 de julio de 2026, 5 min de lectura

Una calle señorial del centro de València con naranjos y farolas de fundición. Un autobús urbano rojo de la EMT circula por el carril bus hacia la cámara, nítido, mientras el resto del tráfico y los peatones salen movidos.

Lo llaman "la app fantasma": la EMT de València pagó cerca de nueve millones de euros por una plataforma de movilidad para seis ciudades que sigue sin poder descargarse, siete meses después de que venciera el contrato. Lo he comprobado esta semana, la web de Muevity todavía dice "Próximamente". Es un titular perfecto y, como casi todos los titulares perfectos, señala al sitio equivocado: a mí me interesó una pregunta mucho más aburrida, cuánto costó exactamente, y sigo sin poder responderla con una sola cifra.

Problema¿Cuánto costó?
27,70
Proyecto 6 ciudadescoste total, web del Ayuntamiento
14,00
Valènciasu parte, por reparto poblacional
12,00
Fondos europeoslo que puso Europa, según prensa
11,00
Contrato con Indraprensa, «superior a 11 millones»
9,00
Ya pagadolo que la EMT reclama de vuelta
1,01
Penalidadacuerdo del consejo, 23/12/2025

Millones de euros. Cada cifra mide una cosa distinta, y eso es normal. Lo que no es normal es que ningún documento público las ponga en relación.

Fig. 1: Seis importes oficiales sobre un mismo expediente

Ninguno de esos importes está oculto. Están todos publicados, y varios los publica la propia Administración en su web. Que midan cosas distintas es normal. Lo que no es normal es que ningún documento los ponga en relación.

Así que no estamos ante un caso de opacidad. Estamos ante uno peor de arreglar: la información está desagregada, atomizada, repartida entre notas de prensa, anuncios de licitación, memorias y acuerdos de consejo. Cada pieza, por separado, es pública. El conjunto no lo es. Y entre unos y otros se acaban pagando nueve millones de euros por una aplicación que no existe sin que la ciudadanía llegue a enterarse.

Con las fechas pasa exactamente igual.

Problema¿Y para cuándo?
Junio de 2024web del Ayuntamiento de ValènciaNo se cumple
Finales de 2024plazo del contrato originalNo se cumple, se amplía un año
31 de diciembre de 2025plazo definitivo, dado por el MinisterioVence sin plataforma en producción, según la EMT
Hoy, julio de 2026comprobado en muevity.esLa aplicación sigue sin poder descargarse

Tres fechas de finalización distintas, las tres oficiales, ninguna cumplida.

Fig. 2: Tres plazos oficiales de finalización, ninguno cumplido

"Prorrateos mensuales de idéntica cuantía durante toda la vida del contrato"

Esa frase, que describe cómo se pagaba el contrato, explica el caso entero mejor que cualquier titular. Y casi nadie la ha subrayado.

El dinero salía por calendario. El producto entraba por certificación. Dos relojes distintos, y solo uno de ellos avanza sin que nadie tenga que hacer nada.

El mecanismoDos relojes que no se miran

El dinero avanza con el calendario. Nadie tiene que aprobar nada.

La entrega solo avanza si alguien certifica un hito. No se certificó ninguno.

Las facturas y las certificaciones existen, firmadas y archivadas. Lo que no existe es el sitio donde se cruzan.

Fig. 3: El pago avanza por calendario; la entrega, por certificación

Un prorrateo mensual no necesita que nadie apruebe nada: llega el día 30 y se paga. Una certificación exige que alguien revise, pruebe y acepte. Si eso no pasa, el sistema no se detiene. Sigue pagando.

Y para ver ese desfase no hacía falta investigar nada. Cada factura estaba emitida y cada hito pendiente estaba pendiente por escrito. Todo firmado, todo archivado, todo legal. Lo que no existía era el sitio donde esas dos cosas se cruzan.

Eso es justo lo que sostiene el paper de este proyecto: el problema no nace al publicar la información, nace al producirla. Un dato que ya estaba ordenado dentro del sistema de gestión se aplana a texto corrido dentro de un PDF firmado, y ahí pierde lo único que lo hacía cruzable.

Llevamos un siglo sabiendo hacer esto

Cuando un ayuntamiento hace una obra no paga una mensualidad fija por que la empresa exista. Paga contra obra ejecutada y medida: alguien va, mide lo que hay, lo certifica, y eso es lo que se abona. La certificación de obra es uno de los instrumentos más viejos del derecho administrativo español, no tiene nada de sofisticado y funciona.

Con el software firmamos calendarios. Medir cuánta plataforma llevas hecha es más difícil que medir cuántos metros cúbicos de hormigón hay vertidos, de acuerdo. Pero difícil no es imposible: quiere decir que hay que montarlo. Y no lo montamos.

Qué haría falta

Ni una ley nueva, ni que ningún empleado público cambie su forma de trabajar. Tres cosas, por este orden:

  1. Que el gestor de expedientes emita el dato, no solo el documento. En la misma operación en la que genera la factura o la certificación en PDF, que saque también su versión estructurada, con los datos que ya tiene dentro.
  2. Que cada factura lleve escrito a qué hito corresponde. Un campo, uno solo.
  3. Que ese campo se pueda consultar. Sumar lo pagado, sumar lo aceptado, restar.
SoluciónSin nueva legislación
Factura

periodo: 2024-03

concepto: prorrateo mensual

hito_asociado: null

Certificación

hito: plataforma de ticketing

estado: no_certificado

fecha_aceptacion: null

hito_asociadoCruzarlas deja de ser una investigación y pasa a ser una consulta.

Esquema ilustrativo del formato, no reproducción de ningún documento del expediente. El PDF firmado sigue siendo el que hace fe: esto se emite junto a él, no en su lugar.

Fig. 4: El campo que convierte una investigación en una consulta

Todo el peso lo lleva el segundo punto. Con él, "¿cuánto llevamos pagado y cuánto llevamos aceptado?" se responde en un segundo. Sin él, la única respuesta posible es la que he intentado dar aquí: días de investigación, y encima incompleta.

No es una idea mía. El paper la desarrolla sobre el documento más humilde de cualquier ayuntamiento, la retención de crédito, y explica cómo exigirlo sin aprobar ninguna ley: a través de los pliegos de compra pública y de las Bases de Ejecución del Presupuesto que las entidades locales ya redactan cada año.

Lo que esto no arregla

Sería deshonesto terminar sin decirlo claro.

Un formato estructurado no habría impedido este desastre. Ningún campo obliga a nadie a mirar. Si la decisión de ampliar un plazo se toma igual, se toma igual, esté el dato en un PDF o en una base de datos.

Lo que cambia es cuándo se ve el desfase, y a qué precio. Hoy verlo cuesta una investigación; con el dato estructurado en origen, cuesta una consulta. Eso no garantiza nada, pero es la condición para que cualquier control posterior sea posible. Y es una diferencia que hoy no estamos comprando.

Dos cautelas antes de cerrar. Nada de esto está decidido judicialmente: la EMT sostiene que la plataforma no se entregó en condiciones, ya ha impuesto una penalidad y reclama en los tribunales la devolución de lo pagado, pero hasta que haya sentencia es una pretensión discutida, no una deuda firme. Y la segunda: Indra no se ha pronunciado públicamente sobre esta reclamación, y una empresa que todavía no ha hablado merece que se diga que todavía no ha hablado.

Mi crítica no va contra una empresa ni contra unos gestores concretos. Va contra un diseño en el que el dinero avanza solo y la comprobación depende de que a alguien le dé tiempo. Ese diseño no es culpa de nadie en particular, que es justo lo que lo hace tan difícil de corregir.

Y mientras no lo corrijamos, seguiremos enterándonos de estas cosas como nos hemos enterado de esta: tarde, por la prensa, y sin poder sumar las cifras.

Novedades

¿Te ha interesado esto?

Suscríbete para recibir los próximos posts de Pau March.