Blockchain y registros públicos
Registro de la propiedad, identidad digital soberana, contratación pública e interoperabilidad. Es la literatura que más directamente pone a prueba el Pilar 3 del paper.
David Allessie, Maciej Sobolewski, Lorenzino Vaccari, Francesco Pignatelli (2019), Joint Research Centre (JRC), Comisión Europea; EUR 29677 EN
La referencia institucional europea más citada sobre blockchain en el sector público, y su valor está en su sobriedad. Analiza siete servicios públicos europeos ya desplegados sobre DLT y concluye que blockchain no ha demostrado ser la innovación disruptiva que el discurso promocional le atribuye: los proyectos reales aportan mejoras incrementales, no fundamentales. Los obstáculos decisivos no son técnicos sino jurídicos y organizativos; readaptar blockchain a sistemas existentes suele fallar, lo que exige es rediseñar el proceso alrededor de la tecnología. Limitación honesta: es de 2019, anterior a eIDAS 2.0 y a la maduración de EBSI.
Jaume Martin Bosch, Luca Tangi, Peter Burian (2022), Joint Research Centre (JRC), Comisión Europea; EUR 31332 EN
Actualiza el diagnóstico del JRC de 2019 con un inventario sistemático de 167 casos de uso de blockchain en administraciones europeas. El tono es de tendencia positiva, pero la conclusión operativa es cauta: para que blockchain resuelva problemas reales deben concurrir tres condiciones hoy no generalizadas: más casos a gran escala (la mayoría siguen siendo pilotos), colaboración interorganizativa efectiva, y seguridad jurídica. Esa tercera condición conecta directamente con las tensiones de revisabilidad del acto y art. 149 LCSP ya identificadas en el paper: la propia Comisión reconoce que el marco legal es un prerrequisito no resuelto.
Barikisa Owusu Ansah, Winrich Voss, Kwabena Obeng Asiama, Ibrahim Yahaya Wuni (2023), Land Use Policy, vol. 125 (Elsevier)
Revisión de 37 trabajos que extrae 18 factores institucionales críticos para el éxito de un registro de la propiedad sobre blockchain, ordenados según los tres pilares de Scott (regulativo, organizativo y cultural-cognitivo). Su aportación central: el fracaso o éxito de estos sistemas no se decide en la capa técnica sino en la institucional. Varios pilotos tempranos han fracasado por barreras no tecnológicas. Para España, con un registro de la propiedad de arquitectura jurídica robusta, esto respalda el escepticismo del paper: introducir blockchain no es un problema de despliegue sino de reingeniería institucional profunda.
Anniina Saari, Jussi Vimpari, Seppo Junnila (2022), Land Use Policy, vol. 121, art. 106334 (Elsevier); Aalto University
La fuente que mejor ancla el horizonte especulativo en datos empíricos. Cribando 262 documentos, los autores aíslan las aplicaciones realmente existentes: solo 26 despliegues empíricos, 25 en administración de la propiedad. El contraste entre promesa y realidad es contundente: la adopción real se materializa en entornos híbridos y de pequeña escala, apenas una capa añadida sobre sistemas existentes, y la mayoría de beneficios conceptuales siguen sin confirmarse. Incluso en el sector paradigmático, tras años de promesa, el resultado es una capa complementaria, no un sustituto del registro.
Frederico Schardong, Ricardo Custódio (2022), Sensors 22(15):5641 (MDPI); arXiv:2108.08338
Revisión y mapeo sistemático que ordena el campo de la identidad autosoberana (SSI). Su aportación clave: SSI es un paradigma de credenciales verificables e identificadores descentralizados cuya realización no requiere una cadena de bloques. Esto respalda directamente que la EUDI Wallet y su marco de referencia operen con SD-JWT y mDoc sin blockchain: la identidad soberana es ajena a DLT, no una consecuencia suya. Limitación: no es específica del sector público ni de España, sirve para desmontar el vínculo automático SSI=blockchain, no para prescribir una arquitectura concreta.
Mais Qandeel, Robert Mjörnander (2026), Frontiers in Blockchain, vol. 9
Evaluación jurídica de si blockchain puede reforzar confidencialidad y transparencia en la contratación pública de la UE. Los autores son moderadamente favorables, pero el interés real está en las tensiones jurídicas que identifican: el equilibrio entre confidencialidad del licitador y transparencia pública, que la inmutabilidad complica; el conflicto con el RGPD (derecho de supresión frente a un registro inmutable); y las brechas de custodia de claves privadas. Recomiendan despliegue por fases, blockchain permisionada y datos sensibles off-chain, admitiendo que el marco legal de la UE debe evolucionar antes.
Las seis fuentes convergen en un patrón consistente que respalda tratar blockchain como horizonte especulativo, no como medida operativa. Consenso más firme: desajuste entre promesa conceptual y evidencia empírica (JRC 2019/2022, Saari et al.: despliegues escasos, pequeños e híbridos, la mayoría de beneficios conceptuales sin confirmar). Segundo consenso: el cuello de botella es institucional y jurídico, no técnico (Ansah et al., seguridad jurídica del JRC, RGPD y garantías de contratación en Qandeel y Mjörnander). Tercero: identidad soberana no es lo mismo que blockchain (Schardong y Custódio), lo que confirma que la EUDI Wallet europea opera sin cadena de bloques. Los desacuerdos son de grado: los contextos con registros débiles muestran más optimismo que los de administraciones maduras, lo que debilita el caso para España.