Smart contracts y automatización de actos administrativos
Ejecución automática de reglas jurídico-administrativas, «rules as code», validación multi-firma. La vía más ligada al ejemplo del secretario-interventor ya construido en la home.
OCDE, Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) (2020), OECD Working Papers on Public Governance, n.º 42
Documento de referencia del movimiento Rules as Code: la idea de que los gobiernos produzcan, junto a la versión en lenguaje natural de una norma, una versión legible por máquina con el mismo respaldo oficial. Documenta iniciativas reales (Better Rules de Nueva Zelanda, Francia, Australia, Canadá, Jersey). Es prudente: advierte del riesgo de que la codificación cristalice una interpretación y desplace la ambigüedad deliberada del legislador, y de que «el código» adquiera de facto más autoridad que el texto legal. Aporta la distinción clave entre representar una regla para consumo automatizado y ejecutarla, la primera mucho menos problemática.
Mireille Hildebrandt (2020), Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and AI, Hart/Bloomsbury
La crítica teórica más directa a la vía. Distingue data-driven law (aprendizaje automático sobre datos) de code-driven law (normas articuladas en código), y señala que esta última funde en un solo acto la regulación, la ejecución y la adjudicación que el Estado de Derecho mantiene deliberadamente separadas. Su metáfora, «congelar el futuro y escalar el pasado», nombra el riesgo exacto de que un smart contract que ejecuta la regla —no solo la registra— elimine la revisabilidad por los cauces ordinarios. No dice «no codificar»: exige que la codificación preserve la contestabilidad y la separación de funciones.
Christian Iaione, Sofia Ranchordas (2020), Italian Journal of Public Law, vol. 2
Analiza la fricción entre smart contracts/blockchain y los principios de buena administración (transparencia, proporcionalidad, motivación, imparcialidad), diseñados para decisiones humanas revisables. El diagnóstico es honesto: la automatización no encaja bien con esos principios tal y como existen hoy. Aun así, ven potencial para reducir el margen de abuso en contratación y prestación de servicios. La ventaja realista no es que el contrato decida, sino que aporte garantías de integridad y trazabilidad sobre procedimientos que hoy dependen de sellos manuales, exactamente el valor defendible que este trabajo también sostiene.
Eduardo Gamero Casado (2023), Revista General de Derecho Administrativo, n.º 63, Iustel
El anclaje español y de derecho positivo. Describe el marco de actuación administrativa automatizada (arts. 41-42 LRJSP) como «uno de los más avanzados del mundo», y señala la paradoja de que, pese a que más de un tercio del sector público ya usa estos sistemas, la litigiosidad ha sido meramente anecdótica. Su catálogo de garantías irrenunciables —derecho a subsanación, a alegar, motivación de la decisión, transparencia de la programación— es directamente relevante: un sello de smart contract puede probar que la fiscalización ocurrió y quién firmó, pero no sustituye la motivación del acto ni el juicio de legalidad.
Clément Guitton, Aurelia Tamò-Larrieux, Simon Mayer (2023), Artificial Intelligence and Law (Springer)
Sistematiza, como mapa neutro, los problemas sociales que genera la regulación automáticamente procesable. Su hallazgo más útil: el número y tipo de problemas depende de qué se busca al codificar (eficiencia frente a accesibilidad) y de la divergencia de intereses entre las partes implicadas. Codificar para hacer accesible una norma es mucho menos problemático que codificar para ejecutar y decidir sobre un ciudadano. Da fundamento académico a por qué la frontera entre representar y ejecutar no es arbitraria, sino la línea correcta donde trazar la certeza por peso.
Tres patrones se repiten. Consenso en distinguir representar una norma en código (viable, hasta deseable) de ejecutarla automáticamente (donde se concentran las objeciones). Consenso en el problema de la revisabilidad: Hildebrandt («congelar el futuro»), Gamero (deber de motivación, «caja negra») e Iaione y Ranchordas (principios de buena administración) coinciden en que ninguna automatización debería hacer irrevocable un acto administrativo. El desacuerdo es de grado: la OCDE y Iaione/Ranchordas son cautamente optimistas sobre el valor de integridad y trazabilidad; Hildebrandt es la más escéptica; Guitton et al. ofrecen el criterio para arbitrar según el objetivo y la divergencia de intereses en juego. La literatura sostiene el ejemplo del secretario-interventor: funciona porque sella la validación sin ejecutar el acto ni sustituir la motivación humana.